LA FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA INFORMA A LOS ALUMNOS SOBRE SUS DERECHOS PARA EVITAR POSIBLES ABUSOS

            La Federación Regional de centros de enseñanza privada de Castilla-La Mancha quiere volver a mostrar su apoyo al Decreto que regula los derechos de los usuarios de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales ya que supone, una clara apuesta por parte de la Administración regional, para normalizar y regular el sector.

            Esta apuesta ya obtuvo nuestro respaldo en su momento pero creemos que hay que seguir insistiendo en su divulgación (ya en su momento se reflejo en una campaña informativa con folletos, placas, etc.) de ahí que las academias de enseñanza privada en el nuevo curso escolar continuaran informando a los alumnos sobre sus derechos como consumidores. Con ello se pretende crear un clima encaminado a advertir a los usuarios de estos servicios para que tomen las debidas precauciones para evitar abusos. Por ejemplo comprobar el contrato de prestación de servicios o matrícula, comprobar que los datos de los recibos son correctos,... a menudo aquellos centros que no cumplen las normas intentan cobrar cantidades no pactadas en el momento de formalizar la matrícula, ello supone que el precio final del curso no coincida con lo pactado. También se da el caso de que se prometen profesores con una titulación determinada, descubriéndose finalmente la falsedad de esta promesa.

     La Federación Regional de centros de enseñanza privada, promueve el cumplimiento de los requisitos formales que defienden los derechos de los consumidores, de ahí que por medio de un incremento de la información a los usuarios sobre sus derechos, “fuerce” a aquellas personas o centros que ejercen la enseñanza privada de forma irregular, incumpliendo todos los requisitos normativos que impone la administración, a regularizar su situación. Diariamente vemos como existen locales (e incluso domicilios particulares) donde no se cumple la normativa establecida, donde se imparten clases particulares “clandestinas”, sin ningún tipo de garantía y que supone en muchos casos un desprestigio en la enseñanza privada de otros centros que si cumplen las normas.

Con esto no queremos ni mucho menos dar a entender que ejerceremos una lucha sin cuartel sobre los centros ilegales, todo lo contrario, pretendemos mostrar una preocupación latente a la vez que instarles para que se adecuen al marco legal establecido, como la inmensa mayoría de los centros de la región, sobre todo teniendo en cuenta su obligatoriedad.

     Ajustándonos todos a las normas vigentes podremos reforzar nuestra unión para mejorar la defensa y protección de los intereses de nuestro sector, y por supuesto, los de los consumidores. Debemos evitar una competencia desleal que conlleva un enorme perjuicio para la imagen de la enseñanza privada no reglada en nuestra región, que repercute negativamente en la calidad que reciben los alumnos.